GOBIERNO ABIERTO
El presente artículo tiene como objetivo presentar un análisis critico
sobre la participación de la ciudadanía en un modelo de gestión mas participativo y protagónico el cual
abarque un gobierno abierto.
En este sentido, un aspecto importante de la distinción
es que la voluntad de rendir cuentas precede al acto de asumir la
responsabilidad y, por lo tanto, al hecho de que este compromiso resulte luego
pasible de una exigencia de responsabilización. El sujeto de la responsabilidad
posee, desde antes, un compromiso moral de responder por el alcance de los
productos o resultados de que se hace cargo, o de los insumos que emplea para
ello, sin que medie exigencia externa alguna. En cambio, cuando esa condición
previa no está
presente, el único instrumento capaz de garantizar
el cumplimiento de objetivos y metas, la obtención de productos y/o la
aplicación eficiente de los recursos.
Si bien el razonamiento es
plausible, también es evidente que más allá de algunas experiencias
aisladas relativamente exitosas, que permitirían abrigar expectativas de una
rápida difusión de esta nueva forma de gobernar, los supuestos de los que
parten quienes la promueven abrigan quizás un excesivo optimismo sobre su
posible institucionalización. No cabe duda que los avances tecnológicos han
sido, históricamente, una fuente importante de cambio cultural. Y en la
actualidad, también es cierto que la mayoría de las aplicaciones tecnológicas
son rápidamente adoptadas por el mercado y los usuarios, sin necesidad de
someterlos a compulsión alguna
Estos supuestos, del lado de la sociedad civil,
negarían de hecho las profundas des-igualdades económicas, sociales, educativas
y culturales de la población, la brecha digital existente entre clases sociales,
la distinta capacidad de agencia de la ciudadanía, el alto
grado de desafección política que exhiben muchas
sociedades y la natural tendencia al freeriding de la mayoría de los
ciudadanos, que no poseen esclavos que les dejen tiempo libre para acudir, a
deliberar, a la plaza virtual.
En definitiva, la tecnología puede producir cambio
cultural en presencia de voluntad política, que debería existir tanto desde el
Estado como desde la sociedad civil. Por lo tanto, si al menos desde el Estado
la voluntad política se ejerciera en todos los planos necesarios como para
eliminar o reducir las distintas asimetrías y resistencias comentadas, es
posible que una acción sistemática y perseverante del máximo nivel político
podría llegar a penetrar e instalarse con habitualidad en las prácticas
ciudadanas, de modo que la cultura reflejada en esas prácticas podría llegar a
modificarse. Pero paradójicamente, también es posible que, si esas barreras se
derribaran, la participación ciudadana podría resultar innecesaria, porque el
Estado ya habría sido el agente fundamental de esa profunda transformación
social



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