ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN VENEZUELA LOS BENEFICIOS QUE APORTA LA INTRODUCCIÓN DE LAS TIC´S EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VENEZOLANA.
MODELO DE PARTICIPACION
La implementación del Gobierno Electrónico, refleja que en
el país existe un considerable avance y
actualización de las bases reglamentarias al respecto, que contribuyen a legitimar el
poder público, a través de la participación
ciudadana.
Primeramente hay que definir Gobierno Electrónico
Existen diversas definiciones de gobierno electrónico,
también llamado como e government o
gobierno-e), aunque algunas se encuentran sesgadas de la parte tecnológica, revisaremos algunos
conceptos orientados al área que nos ocupa en el presente artículo.
De acuerdo con Criado
y Ramilo (2001), definen el Gobierno Electrónico como:
La adopción de las TIC por las Administraciones Públicas,
como diferentes vías a través de las que
se conectan e interactúan con otras
organizaciones y personas, especialmente mediante sus páginas Web, pero también a través del
correo electrónico y otras herramientas
como el teléfono móvil, los PDA, la vídeo
conferencia, intranets, extranets, el cable, las ondas de radio, o
el satélite"
Marco
Jurídico Para impulsar el gobierno electrónico basado en las TICs, en
Venezuela, se han dado significativos avances en términos jurídicos, pudiéndose
observar así diversos instrumentos legales que promueven las condiciones
adecuadas que permitan lograrlo. Principalmente, la Constitución Bolivariana
aprobada en 1999, provee el inicio del establecimiento de un marco jurídico
para la implementación del Gobierno Electrónico en Venezuela, en su artículo
110 establece que “El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la
tecnología, el 2 conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios
de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo
económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía
nacional”. A la carta magna le siguen una serie de Leyes y Decretos que
instituyen la responsabilidad del Estado en el desarrollo de la soberanía
tecnológica y resguardan el derecho ciudadano al uso de las TIC´s. Así, el
estado venezolano ha elaborado leyes específicas que permiten el acceso a la
información y al control social.
Los artículos 102 y 103,
plantean el derecho que tiene toda persona de educarse, sin ningún tipo de
exclusión, y el rol que asume el Estado como promotor del proceso de educación
ciudadana, tomando además la educación como instrumento del conocimiento científico,
humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. El artículo 108, hace
énfasis en la contribución de los medios de comunicación masiva para la
formación ciudadana. Garantizando el Estado, los servicios públicos de radio,
televisión y redes de bibliotecas y de informática, permitiendo el acceso
universal a la información. Muy importante resulta el hecho de que los centros
educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas
tecnologías. Por su parte en el artículo 110, el Estado reconoce el interés
público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación, sus
aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser considerados
instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del
país, así como para la seguridad y soberanía nacional, por lo que destina
recursos suficientes y crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Garantizando también el cumplimiento de los principios éticos y legales que
deben regir las actividades de investigación científica, humanística y
tecnológica



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